Regulación

Conocemos las normas que integran el Derecho Público y cómo funcionan las Administraciones que las aplican. Ayudamos a nuestros clientes a hacer frente a sus desafíos regulatorios, especialmente en determinados sectores en cuya regulación somos especialistas. Intervenimos en todo tipo de procedimientos administrativos, con especial foco en la contratación pública, la responsabilidad patrimonial, el Derecho sancionador y las autorizaciones regulatorias y ambientales, así como en expedientes de control de inversiones extranjeras. Tenemos experiencia en la participación en procedimientos de elaboración de normas de carácter general, de rango de ley y de rango reglamentario, y hemos intervenido en la elaboración de anteproyectos y propuestas de distintas normas, así como en los procedimientos administrativos y parlamentarios destinados a su aprobación.

Regulación

Contratación pública

La Administración es el operador económico con mayor poder de compra que existe. No sólo por el volumen de sus adquisiciones, sino porque en muchos casos es el principal (o incluso el único) comprador de los bienes y servicios que ofrecen las empresas, como sucede con los componentes ferroviarios, los servicios de gestión del ciclo integral del agua, la construcción de infraestructuras, y, por supuesto, los sistemas de armas.

En rēgula somos muy conscientes de esta realidad y nos dedicamos especialmente a asesorar a nuestros clientes (licitadores, y en ocasiones entidades contratantes) en su participación en un mercado sujeto a una regulación muy intensa, a procedimientos de toma de decisiones sometidos al control por parte de tribunales y órganos especializados, en los que las empresas están sometidas a un nivel de riesgo especialmente intenso.

Conocemos y dominamos las normas por las que se rige la contratación pública, tanto en el plano común como en el plano especial (contratación en los denominados sectores excluidos, en el sector del transporte terrestre de viajeros, en el sector de la defensa). También asesoramos en procedimientos de contratación sometidos a las normas aplicables a las instituciones europeas y a determinadas organizaciones internacionales.

Asistimos de forma continuada a varios de los grupos de construcción y servicios más potentes del país, tanto en cuestiones de carácter recurrente como en relación con proyectos muy singulares por su complejidad y por su volumen e inversión. Tenemos una experiencia diferencial en grandes proyectos de colaboración público-privada destinados a infraestructuras viarias, del transporte y hospitalarias, así como en la contratación de determinados servicios en el sector sociosanitario, de los transportes por carretera, de los seguros y de los servicios medioambientales, entre otros.

Intervenimos en la fase de preparación y adjudicación de los contratos y en la fase de ejecución. Conocemos y anticipamos los principales debates que afloran en cada fase y los riesgos asociados. Sabemos cómo evitar incurrir en prohibiciones de contratar, y cómo dejar sin efectos las prohibiciones de contratar ya declaradas o impuestas. Hemos sido pioneros en la litigación frente a situaciones de ultraactividad del contrato (prórroga forzosa) y en la solicitud de reequilibrios y compensaciones ante situaciones extraordinarias, como el impacto de la pandemia, la hiperinflación derivada de la guerra de Ucrania, e incluso la erupción volcánica de la Isla de La Palma.

En definitiva: en rēgula nos apasiona la contratación pública -que es una herramienta imprescindible para el adecuado funcionamiento de la sociedad y un instrumento de primer orden para la ejecución de políticas públicas que van más allá del mero aprovisionamiento de bienes y servicios- y nuestro asesoramiento cubre todas las facetas relacionadas con esta materia.

Control de inversiones extranjeras

En rēgula contamos con una práctica jurídica consolidada en materia de control de inversiones extranjeras. El Reglamento UE 2019/452 representó un cambio de paradigma europeo en relación con las inversiones extranjeras, al establecer un marco estricto para el control de estas inversiones por motivos de seguridad y orden público. El legislador español ha adoptado recientemente un conjunto de normas para el control de las inversiones extranjeras en nuestro país, tales como la introducción del artículo 7 bis en la Ley 19/2003 y la adopción del Real Decreto 571/2023. Además, existen normas específicas (y aun más restrictivas) en relación con determinados sectores, como la defensa.

Estas normas configuran una regulación especialmente intensa y compleja, que es imprescindible conocer en profundidad, en la medida en que constituye un condicionante significativo para las operaciones corporativas transfronterizas e impacta sustancialmente en la actividad de M&A.

Asesoramos recurrentemente en los procedimientos de consulta y notificación de operaciones corporativas a las autoridades españolas de control de inversiones extranjeras. De forma regular, recibimos consultas de despachos extranjeros sobre cuestiones jurisdiccionales en esta materia. En muchas de estas operaciones, nuestro asesoramiento incluye las tareas de coordinación del procedimiento de control de inversiones extranjeras con el procedimiento de control de concentraciones nacional, así como con los procedimientos de control de inversiones extranjeras en otras jurisdicciones de la Unión Europea.

Dentro de nuestros casos recientes, se incluyen distintas notificaciones y consultas sobre operaciones que afectaban a una amplia variedad de sectores. 

Por ejemplo, hemos participado en una operación que requirió la autorización al tratarse de una oferta pública de adquisición (OPA) de un inversor extranjero de la UE sobre una empresa de biotecnología nacional. De igual forma, hemos participado en múltiples consultas ante la autoridad en relación con adquisiciones por parte de inversores extranjeros de empresas nacionales activas en distintos sectores, tales como transporte, sistemas de vigilancia electrónica, energía y defensa.

Contratación privada regulada

La contratación privada está cada vez más regulada. Ya no basta con el dominio de la normativa civil y mercantil aplicable, sino que es preciso tener en cuenta las implicaciones que derivan de la regulación de la actividad económica, tanto en general como en determinados sectores.

En rēgula acompañamos a nuestros clientes en la preparación y en la ejecución de contratos entre partes privadas, pero especialmente sujetos a la regulación administrativa de la actividad económica, que limita la autonomía de la voluntad y que obliga a considerar determinados factores regulatorios críticos, tanto de carácter general -relacionados sobre todo con la defensa de la competencia, así como con otras cuestiones, tales como la privacidad, la protección del secreto empresarial, la tutela de los derechos de propiedad incorporal, entre otros- como de carácter singular, propios del concreto sector en el que operen los contratantes.

Tenemos experiencia en negociación, diseño y adaptación de contratos en entornos altamente regulados, como la distribución selectiva, la franquicia, el sector agroalimentario, la energía y la economía circular.

Abordamos la redacción de este tipo de contratos de una forma que combina la experiencia en la contratación privada con la detección de los requisitos y condicionantes impuestos por la regulación y con la prevención de los principales riesgos regulatorios.

Regulación sectorial

La regulación de las actividades económicas es cada vez más intensa (en un fenómeno que parece no tener punto final) en el plano general y en el plano particular. El desarrollo de estas actividades no puede hacerse sin un conocimiento preciso y actualizado de la regulación aplicable, en especial en determinados sectores.

En rēgula ayudamos a nuestros clientes a conocer y a afrontar los desafíos regulatorios a los que se enfrenta su actividad en el mercado, con especial atención a aquéllos que derivan de nuevos desarrollos, así como de la aplicación de normas que se dictan para permitir la intervención pública en campos que tradicionalmente estaban exentos de esta carga regulatoria (como sucedió en su momento con la regulación de la cadena alimentaria).

Combinamos la especialización en la regulación sectorial con el conocimiento profundo de los aspectos comunes o transversales de la intervención pública de la actividad económica, en materia de defensa de la competencia, entre otras.

Conocemos en profundidad la regulación aplicable a determinados sectores, como el agroalimentario, la comunicación, la defensa, la energía, los sistemas de pagos, la salud y los seguros.

Cumplimiento normativo e investigaciones internas

En rēgula prestamos asesoramiento especializado en el diseño, implementación y evaluación de sistemas de cumplimiento normativo, así como en la dirección jurídica de investigaciones internas. Acompañamos a los órganos de gobierno corporativo de nuestros clientes en la gestión preventiva de los riesgos legales y en la respuesta ante la detección de posibles irregularidades internas, con un enfoque técnico, realista y adaptado a las características y a las necesidades de cada organización.

Nuestro asesoramiento en materia de compliance abarca el diseño de programas desde cero y la revisión y mejora de modelos existentes, con especial atención a los estándares exigidos por las autoridades administrativas y judiciales. Elaboramos sistemas de cumplimiento eficaces y proporcionados, ajustados al perfil de riesgo, la estructura y el sector de actividad de cada cliente.

Contamos con experiencia particular en el diseño e implementación de programas de cumplimiento en materia de competencia, con el objeto de evitar los efectos de las prohibiciones de contratar con el sector público frecuentemente impuestas por las autoridades de competencia. Para ello, seguimos las distintas guías de compliance publicadas por las autoridades de defensa de la competencia, así como la Norma UNE 19603 sobre gestión del compliance en materia de libre competencia. También contamos con experiencia en programas relativos a integridad empresarial, relaciones con la Administración, prevención de conflictos de interés y control del uso de información confidencial. Prestamos asistencia en la elaboración de protocolos internos de actuación, mapas de riesgos, canales de denuncia y modelos de respuesta ante incidentes.

En el ámbito de las investigaciones internas, dirigimos y coordinamos procedimientos jurídicos de verificación de hechos ante indicios de conductas irregulares e ilícitas. Actuamos con rapidez, discreción y rigor técnico, respetando la normativa aplicable en materia laboral, de protección de datos, secreto de las comunicaciones y garantías fundamentales.

Nuestro equipo define el enfoque estratégico de cada investigación, lo que incluye entrevistas, análisis documental, trazabilidad digital y elaboración de informes jurídicos que permiten adoptar decisiones informadas sobre posibles medidas internas, comunicación a autoridades externas e inicio de acciones legales. También participamos en la interlocución con autoridades administrativas y judiciales cuando el caso lo requiere.

Además, asesoramos a personas afectadas por investigaciones internas promovidas por sus empleadores tras la recepción de denuncias a través del canal interno. Defendemos sus derechos durante todo el proceso y velamos por el respeto de las garantías jurídicas, laborales y personales previstas en la normativa vigente. Contamos con un conocimiento profundo de la Ley 2/2023, de protección del informante, y de los procedimientos derivados de su aplicación, lo que nos permite prestar un asesoramiento técnico y estratégico en contextos especialmente sensibles.

En definitiva, concebimos el compliance no solo como una barrera frente al riesgo legal, sino como una política de orden interno que refuerza la seguridad jurídica de la actividad empresarial, mejora la calidad de la toma de decisiones y promueve una cultura organizativa basada en la legalidad, la responsabilidad y la transparencia.

En el ámbito del cumplimiento normativo y las investigaciones internas, el equipo de rēgula ha intervenido en asuntos de alta complejidad jurídica, organizativa y reputacional.

En uno de los casos más significativos, representamos a varios directivos afectados por una investigación interna que fue externalizada, en un procedimiento que presentó importantes desafíos en materia de confidencialidad, control de la información y protección de los derechos de los investigados. La investigación dio lugar a un informe que motivó la adopción de medidas disciplinarias por parte del órgano de gobierno de la empresa frente a nuestros clientes. Nuestro asesoramiento en la investigación interna requirió de una lectura atenta de un contexto corporativo inestable, además de una intensa coordinación con los asesores responsables de la defensa de los clientes en procedimientos laborales y penales derivados de la investigación. Nuestro equipo debió abordar implicaciones en materia de protección de datos personales y garantías vinculadas a la Ley 2/2023, que generaron actuaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos y varias autoridades autonómicas de protección del informante.

En otro asunto, actuamos como asesores expertos en Derecho español, junto a un despacho internacional, en una auditoría integral de cumplimiento de la filial española de un grupo multinacional del sector industrial. La revisión se enmarcó en el programa global de compliance del grupo y se desarrolló en varias fases, incluido el análisis documental exhaustivo, entrevistas a directivos y empleados e incluso técnicas de investigación forense realizadas por terceros expertos. El ejercicio culminó con un conjunto detallado de recomendaciones cuya implementación fue supervisada durante varios meses. Esta intervención incluyó también una fase intensiva de formación interna, orientada a reforzar la cultura de cumplimiento y prevenir futuras infracciones entre empleados y directivos.

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