Competencia

Conductas ilícitas

En rēgula asesoramos de manera continuada a empresas y a directivos en procedimientos sancionadores tramitados por autoridades de competencia (en especial, la CNMC) por presuntas infracciones de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Defensa de la Competencia y de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Intervenimos también en expedientes de vigilancia del cumplimiento de resoluciones dictadas en procedimientos sancionadores, así como en procedimientos análogos ante las autoridades de competencia de las comunidades autónomas y ante la Comisión Europea.

Nuestro equipo acompaña a compañías afectadas por investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia -como acuerdos colusorios, intercambios de información o abusos de posición de dominio- y a compañías que, tras detectar este tipo de prácticas, han decidido denunciarlas y activar procedimientos sancionadores mediante la presentación de evidencias ante las autoridades.

Además, prestamos asesoramiento en la fase jurisdiccional, y asistimos a nuestros clientes en la revisión de resoluciones administrativas ante los órganos judiciales competentes. Contamos con experiencia en la vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional y ante los Tribunales Superiores de Justicia, así como ante el Tribunal Supremo. También hemos representado a nuestros clientes ante el Tribunal General y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en litigios relacionados con decisiones de la Comisión Europea.

Hemos participado directamente en muchos de los expedientes más relevantes tramitados por la CNMC en la última década, lo que nos ha permitido consolidar un conocimiento profundo de la práctica administrativa y procesal, así como una visión estratégica y realista del funcionamiento de los procedimientos sancionadores en materia de competencia.

Hemos representado durante más de una década a un importante operador de un sector altamente regulado, asesorándole en relación con la legalidad de sus prácticas comerciales en un entorno de elevada concentración. El asunto está en la actualidad pendiente de revisión jurisdiccional. En paralelo, hemos asesorado a este cliente en un expediente de vigilancia ante la CNMC en el que se han debatido cuestiones complejas de definición de mercados y de análisis económico del impacto sobre competidores y clientes de las prácticas comerciales. 

En otro caso, hemos acompañado a una importante compañía de otro sector regulado, en una larga información reservada y un posterior expediente sancionador en el que se discutieron conceptos novedosos sobre la infracción por efectos del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. El asunto implicó una intensa interacción con el regulador sectorial durante la tramitación del expediente de la CNMC, que influyó decisivamente en la configuración de la práctica declarada ilegal en fase administrativa. Hemos acompañado al cliente en la revisión jurisdiccional de la resolución de la CNMC, que se resolvió favorablemente en primera instancia y se encuentra actualmente en fase de casación.

Nuestra práctica incluye el asesoramiento a empresas denunciantes, no sólo a empresas denunciadas o investigadas. Entre otras, hemos ayudado a una empresa afectada por las prácticas exclusionarias de un operador de titularidad pública con una posición de práctico monopolio en un sector altamente regulado. En este caso, actualmente en fase de instrucción por la CNMC, hemos denunciado prácticas abusivas que impiden el desarrollo de nuevos mercados complementarios al mercado monopolizado por la empresa denunciada. El asunto plantea cuestiones novedosas respecto de la interacción entre la regulación sectorial y el Derecho de la competencia.

Nuestro equipo ha representado igualmente a varias empresas del sector del transporte, que habían sido acusadas de repartirse los contratos de clientes, en un expediente sancionador de la CNMC que terminó con la imposición de multas. La revisión jurisdiccional de este caso fue favorable a nuestros clientes, quienes consiguieron que los tribunales reconocieran la falta de evidencia de la infracción imputada. En un caso diferente, pero con algunas similitudes, conseguimos la anulación de una resolución sancionadora de la CNMC que había condenado a nuestro cliente por un reparto de mercado ejecutado a través de la constitución de UTEs. En este caso, los tribunales declararon que la aproximación de la CNMC a la colaboración empresarial estructurada a través de las UTEs había ignorado razones válidas que justificaban tal colaboración.

Control de concentraciones

En rēgula asesoramos de manera frecuente a empresas en procedimientos de control de concentraciones, tanto ante la CNMC como ante la Comisión Europea. También contamos con una notable experiencia en expedientes de vigilancia del cumplimiento de los compromisos y condiciones a los que se sujetan la autorización de estas operaciones de control de concentraciones. 

Nuestro equipo acompaña a las empresas notificantes responsables de impulsar este tipo de procedimientos, así como a las empresas vendedoras de las empresas o activos cuya venta activa el procedimiento de control de concentraciones. Nuestro asesoramiento incluye el análisis jurisdiccional y sustantivo previo a la operación, la implementación de medidas para mitigar riesgos de infracción durante el procedimiento de notificación (lo que incluye, entre otros, la configuración de clean teams), el procedimiento de notificación a la autoridad, y la negociación de compromisos con la autoridad a los que se sujeta la autorización de la operación. 

El equipo de rēgula ha intervenido activamente en algunas de las operaciones de control de concentraciones más relevantes revisadas por la CNMC en los últimos años, en una amplia variedad de sectores, tales como telecomunicaciones, audiovisual, banca, distribución de bienes de consumo diario, y sector farmacéutico; ello nos ha permitido construir un conocimiento profundo de la práctica decisional de esta autoridad, así como una visión comercial y estratégica del funcionamiento de este tipo de procedimientos.

Representamos desde hace más de una década a un importante operador de un sector altamente regulado, asesorándole en relación con múltiples operaciones de control de concentraciones tanto ante la CNMC como ante la Comisión Europea. Estas operaciones han respondido a distintas estructuras corporativas, tales como la adquisición de control sobre empresas, la compraventa de activos de negocio, o la creación de joint ventures. Algunas de estas operaciones han requerido de una ardua fase negociación de compromisos con la autoridad, o el estudio de complejas cuestiones jurisdiccionales (por ejemplo, en relación con las plenas funciones de la joint venture objeto de adquisición).

Hemos representado a un cliente en una de las principales operaciones recientes en el sector bancario, autorizada en primera fase con compromisos. El encargo incluyó, entre otros, la implementación y seguimiento de medidas para mitigar riesgos de infracción durante el procedimiento de notificación a través de clean teams, así como la negociación de compromisos. 

Ayudas públicas

En rēgula asesoramos a empresas y a entidades públicas en todas las fases del procedimiento de concesión, control y recuperación de ayudas públicas, desde la perspectiva del Derecho de la competencia y también del Derecho público. Nuestra práctica combina un conocimiento sólido del marco jurídico nacional y europeo aplicable a las ayudas de Estado, con una comprensión profunda de los condicionantes económicos y administrativos que rodean a este tipo de medidas, así como con la toma en consideración de los requisitos y condiciones exigidos por la regulación aplicable a las convocatorias correspondientes.

Intervenimos en la fase de diseño y notificación de ayudas ante la Comisión Europea, y en expedientes de investigación iniciados por la Comisión por presuntas ayudas incompatibles. También prestamos asesoramiento en la elaboración de alegaciones ante los órganos nacionales competentes, ya sea como potencial beneficiario, como operador afectado por la concesión de las ayudas, o como Administración concedente.

Asistimos a nuestros clientes en procedimientos de recuperación de ayudas declaradas ilegales o incompatibles, tanto en sede administrativa como en vía jurisdiccional. Nuestro equipo tiene experiencia en sectores sensibles como infraestructuras, energía, transporte y servicios públicos, en los que el diseño normativo de las ayudas suele ser especialmente complejo.

También representamos a empresas que desean impugnar ayudas concedidas a competidores que distorsionan el mercado o que han generado ventajas selectivas indebidas. En este contexto, intervenimos tanto ante la Comisión Europea como ante las autoridades y órganos judiciales nacionales competentes.

Asimismo, asesoramos a nuestros clientes en relación con la tramitación de procedimientos administrativos destinados a la obtención de ayudas públicas, así como a la justificación de los requisitos exigibles para el otorgamiento de las ayudas, y a la revocación y reintegro de las ayudas concedidas; tenemos una especial experiencia en relación con ayudas públicas al sector de las energías renovables, del transporte y de la movilidad eléctrica. 

Nuestra aproximación combina rigor jurídico, conocimiento institucional y comprensión de los equilibrios económicos en juego. Esto nos permite diseñar estrategias eficaces, tanto para maximizar la seguridad jurídica de las ayudas como para reaccionar frente a situaciones de competencia desleal amparadas en decisiones públicas.

El equipo de rēgula ha participado en varios casos importantes de control de ayudas públicas, principalmente asesorando a receptores de ayudas, y a operadores económicos afectados negativamente por actuaciones administrativas en favor de competidores. Nuestra experiencia cubre los procedimientos ante las autoridades nacionales y ante la Comisión Europea, y combina un conocimiento técnico preciso del Derecho de la Unión con una comprensión práctica de su aplicación a nivel interno.

En un primer caso, asesoramos a una entidad financiera que había adquirido, mediante una operación corporativa, una sociedad que previamente había sido beneficiaria de una ayuda pública. Años después, la Comisión Europea declaró la ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, ordenando su recuperación. Nuestra intervención se prolongó a lo largo de todas las fases del procedimiento, acompañando al cliente en la gestión de una situación jurídicamente compleja y económicamente significativa. El proceso implicó un análisis técnico del marco comunitario de recuperación de ayudas ilegales, así como de las normas españolas aplicables, muchas de ellas de base tributaria.

Otro caso en el que actualmente estamos involucrados tiene que ver con la recuperación de ayudas declaradas ilegales por la Comisión Europea en relación con el despliegue de la televisión digital terrestre, que se estructuraron a través de contratos administrativos.

En otro asunto, representamos a una empresa denunciante de una ayuda encubierta otorgada a un competidor, materializada en la adquisición ventajosa de una entidad pública a través de una licitación en la que no se garantizó la competencia efectiva. La operación generó una ventaja selectiva en el precio de adquisición, inferior al valor de mercado. Nuestro equipo asesoró en la preparación de un expediente de revisión de la venta de la entidad pública en cuestión ante las autoridades nacionales competentes y en la posterior revisión contencioso-administrativa, así como en la denuncia y en la defensa técnica del caso ante la Comisión Europea.

Por último, asesoramos de modo recurrente a la filial de uno de los grupos empresariales más grandes del país dedicada a la movilidad eléctrica en relación con los procedimientos de concesión de ayudas públicas a los que concurre.

Aplicación privada del Derecho de la competencia

La aplicación privada del Derecho de la competencia es uno de los pilares de rēgula. Esta práctica abarca la dirección técnica y la defensa procesal de acciones derivadas de infracciones de las normas antitrust ante los tribunales del orden civil. Se ha consolidado como una vía indispensable para garantizar una reparación efectiva a los operadores económicos perjudicados, y como un instrumento complementario del sistema público de control de conductas anticompetitivas.

Intervenimos de forma habitual en litigios complejos, tanto en representación de empresas demandadas como de entidades demandantes. Hemos participado en muchos de los procedimientos más relevantes seguidos ante los tribunales españoles en este campo, desde acciones individuales con un fuerte componente técnico hasta reclamaciones con una dimensión colectiva y sectorial. Nuestra experiencia incluye litigios derivados de conductas colusorias sancionadas por la CNMC y por la Comisión Europea, restricciones verticales y abusos de posición de dominio, así como acciones autónomas o posteriores a procedimientos administrativos concluidos sin sanción o con resoluciones impugnadas. Litigamos el caso del denominado cártel de los sobres antes incluso de la entrada en vigor de la Directiva 2014/104, y desde entonces hemos estado presentes en varios de los principales litigios en esta materia en España, entre otros los relacionados con el cartón ondulado, las cláusulas de paridad, la distribución de carburante y las industrias lácteas.

Asesoramos también a promotores de acciones colectivas, financiadores y otros actores especializados en la aplicación privada. Los acompañamos en el diseño de estructuras de reclamación adaptadas al marco legal español, ya sea mediante cesión de créditos, representación procesal o agrupación convencional. Nuestra intervención incluye el análisis jurídico y económico del caso, la dirección y coordinación del trabajo de los peritos y el diseño de modelos de gestión eficientes para litigios de escala. Esta experiencia se extiende a procedimientos impulsados por asociaciones empresariales y entidades institucionales, en sectores regulados y no regulados.

Combinamos un conocimiento técnico sólido del régimen de daños y responsabilidad civil con una notable experiencia ante los tribunales civiles, incluidas la litigación en segunda instancia y ante el Tribunal Supremo. Este enfoque nos permite definir estrategias eficaces para cada fase del proceso: desde el acceso a la prueba y la evaluación de la carga probatoria, hasta la articulación de medios de defensa sobre el nexo causal, la cuantificación del perjuicio y el ajuste de la pretensión. Integramos en nuestra práctica el análisis permanente de la jurisprudencia relevante, tanto nacional como europea, lo que resulta crítico en este tipo de litigios.

Esta práctica se combina de forma natural con otras prácticas del Despacho. En particular, con la litigación contencioso-administrativa en materia de competencia, el asesoramiento en cumplimiento normativo para prevenir riesgos de responsabilidad civil, y la práctica regulatoria en sectores como el energético, digital y financiero, donde las infracciones normativas pueden dar lugar a reclamaciones patrimoniales de gran entidad.

La trayectoria de rēgula en esta materia nos permite asumir con solvencia asuntos de alta complejidad, desde cualquier posición procesal. Nuestra aportación combina criterio jurídico, preparación técnica, análisis económico y conocimiento del entorno procesal en el que se deciden estos litigios.

Reclamaciones de daños

Las reclamaciones de daños y perjuicios por infracción del Derecho de la competencia y de la regulación sectorial forman una de las especialidades más consolidadas de rēgula. A diferencia del enfoque habitual, centrado exclusivamente en el ámbito antitrust, nuestro Despacho ha ampliado el perímetro de esta práctica para abarcar también acciones civiles por daños derivados de infracciones regulatorias, particularmente en sectores como el energético, el sanitario y el medioambiental. Esta experiencia transversal nos permite ofrecer un asesoramiento jurídico omnicomprensivo en litigios complejos, que trascienden los márgenes del Derecho de la competencia clásico.

Asesoramos tanto a demandantes como a demandados en litigios civiles de responsabilidad por ilícitos normativos, con especial atención a aquéllos que se derivan de resoluciones de autoridades administrativas (ya sean de competencia, de regulación sectorial o de supervisión) y de situaciones en las que la infracción ha de construirse probatoriamente desde el principio. En el plano técnico, esto exige dominar no sólo el análisis económico del daño y las reglas de imputación, sino también la interacción entre el ilícito administrativo y la acción civil. En el plano procesal, es necesaria una experiencia contenciosa sólida, y conocimiento del tipo de prueba que los tribunales españoles consideran idónea y suficiente en este tipo de demandas.

Hemos intervenido en algunos de los litigios más relevantes por daños derivados de prácticas contrarias a la normativa de competencia, como los relativos a los cárteles del cartón ondulado, el seguro decenal, los radiofármacos y los sobres de papel, en representación de grupos empresariales afectados y de compañías demandadas en procedimientos complejos ante los tribunales civiles. Al mismo tiempo, trabajamos en acciones civiles por infracción de marcos regulatorios específicos, como el sistema de precios del sector eléctrico, las reglas sobre gestión de residuos sanitarios, las condiciones de acceso a licitaciones públicas y los requisitos de calidad en la producción agroalimentaria. En todos estos ámbitos, ayudamos a los clientes a identificar el origen normativo del perjuicio, evaluar su cuantía y estructurar una reclamación o una defensa solvente, mediante la combinación de los elementos regulatorios con la lógica propia del proceso civil.

Nuestra capacidad de integración entre lo contencioso-civil y lo regulatorio constituye un rasgo distintivo de esta práctica. Nos permite intervenir con ventaja tanto en acciones masivas promovidas por fondos y asociaciones como en disputas individuales técnicamente complejas. Conocemos el funcionamiento de las autoridades sectoriales, los procedimientos sancionadores y de supervisión, los mecanismos de consulta y revisión, y sabemos utilizar ese conocimiento para construir una posición procesal coherente y eficaz. Del lado pasivo, este enfoque nos permite desarticular muchas reclamaciones que se apoyan de forma acrítica en resoluciones administrativas, revelando sus inconsistencias jurídicas y su insuficiencia probatoria. Del lado activo, nos permite aprovechar resoluciones firmes o indicios administrativos para reforzar una pretensión indemnizatoria con fundamentos jurídicos sólidos y un respaldo de análisis económico robusto.

También trabajamos habitualmente con financiadores de litigios, peritos económicos y técnicos sectoriales, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes estructuras que minimizan los riesgos procesales y maximizan el retorno de su posición jurídica. Hemos asesorado en la preparación de acciones colectivas, en la cesión agregada de créditos, en la valoración económica de grandes carteras de reclamaciones y en la ejecución estratégica de sentencias, tanto en sede española como en contextos transnacionales.

Esta práctica se beneficia del resto de las áreas del Despacho: del conocimiento técnico y procedimental acumulado en procedimientos sancionadores ante la CNMC y otras autoridades; de la experiencia en recursos contencioso-administrativos en materia de competencia y regulación; del enfoque estratégico que aplicamos en litigios colectivos complejos; y del dominio de los sectores económicos más intensamente regulados. Todo ello se traduce en una ventaja práctica para nuestros clientes: la capacidad de construir, defender o impugnar reclamaciones de daños con rigor jurídico, visión económica (que está presente desde el primer momento) y sentido procesal.

En rēgula estamos preparados para asumir con solvencia encargos significativos en materia de daños derivados no sólo de infracciones antitrust, sino también de vulneraciones de otras regulaciones complejas. Desde ambos lados del litigio, aportamos una combinación de experiencia, precisión técnica y compromiso procesal -la tenacidad que nos lleva a no dar ninguna batalla relevante por perdida- que nos convierte en una referencia en esta práctica.

Competencia desleal

Asesoramos en toda la gama de conflictos civiles y mercantiles que pueden surgir entre empresas competidoras como consecuencia de actos contrarios a las exigencias de buena fe en el mercado. Nuestra práctica en materia de competencia desleal combina experiencia litigiosa y pericia técnica para proteger, o para impugnar, posiciones comerciales obtenidas mediante conductas que distorsionan el juego competitivo. Esta área engloba actuaciones estratégicas frente a campañas de denigración, desviación desleal de clientela, aprovechamiento indebido de la reputación ajena, actos de imitación desleal y vulneración de secretos empresariales.

Intervenimos en la preparación y en la defensa frente a acciones por competencia desleal, incluidas medidas cautelares urgentes, acciones de cesación o remoción de efectos y reclamaciones de daños y perjuicios. También participamos en la negociación de acuerdos extrajudiciales cuando la situación lo permite y lo aconseja. Prestamos especial atención a las conexiones de este ámbito con el Derecho de marcas, la protección de secretos empresariales, la publicidad comercial y la contratación en entornos regulados, lo que nos permite aportar una visión jurídica integral.

Nuestra experiencia incluye la representación de compañías en sectores como el sanitario, el energético, el tecnológico, el asegurador y el agroalimentario, en litigios entre competidores y en contextos donde la competencia desleal se entrecruza con prácticas restrictivas del mercado, o con el incumplimiento de normas regulatorias. Hemos asumido la defensa en procedimientos complejos en los que se alegaban usos indebidos de información confidencial, captación sistemática de personal clave, implantación de estructuras comerciales paralelas tras rupturas contractuales, y uso engañoso de signos distintivos.

En rēgula aportamos una ventaja competitiva en esta materia gracias al enfoque preciso y procesalmente eficaz. Sabemos que estos litigios requieren rapidez, solidez probatoria y una estrategia clara desde el primer momento. Nuestro conocimiento de las reglas del mercado, unido a la experiencia en la práctica forense en esta materia, nos permite actuar con la agilidad que exige el conflicto sin renunciar al rigor técnico. Esta combinación nos convierte en una opción fiable para empresas que han sido objeto de prácticas desleales y también para aquéllas que deben defenderse de acciones contra estas mismas prácticas.

La práctica de competencia desleal se beneficia además de la intersección con otras áreas clave del Despacho, en particular con la aplicación privada del Derecho de la competencia, la litigación civil por infracción de normas regulatorias y el compliance comercial y antitrust. Estas sinergias nos permiten detectar con rapidez los puntos de contacto entre la regulación de la competencia desleal y otras figuras jurídicas (como el abuso de posición de dominio, las restricciones verticales o la infracción de normativa sectorial), lo que nos permite maximizar la eficacia de la respuesta legal.

Asumimos con solvencia el asesoramiento y la dirección letrada en todo tipo de controversias sobre competencia desleal, incluidos los litigios de alta complejidad y con componente transnacional. Nuestro objetivo es proteger las ventajas legítimas obtenidas en el mercado por nuestros clientes, y restaurar, en su caso, el equilibrio competitivo mediante el ejercicio de las acciones legales disponibles; así como defender a nuestros clientes de acciones hostiles en este terreno.