Litigación

Contencioso-administrativo

Litigar contra la Administración no es sencillo en absoluto. El foro es distinto y también lo son las reglas por las que se rige el proceso, así como (en cierta medida) el propio lenguaje procesal.

Combatir la autotutela, la presunción de acierto y veracidad y la discrecionalidad administrativa exige conocer cómo funcionan estos conceptos jurídico-públicos en la práctica, y cómo pueden atacarse, teniendo en cuenta el estándar aplicado por los tribunales de lo contencioso-administrativo en cuanto a la argumentación de la ilegalidad de la conducta administrativa y en cuanto a la prueba de los hechos en los que se basa la pretensión.

En rēgula actuamos permanentemente en defensa de los intereses de nuestros clientes ante los tribunales contencioso-administrativos en todo tipo de litigios y, muy en especial, en recursos en materia de defensa de la competencia, contratación del sector público y Derecho sancionador, así como en relación con cuestiones de regulación sectorial en campos como el agroalimentario, la energía, la disciplina en materia de seguros, entre otros. Y tenemos una experiencia muy destacada en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración.

Conocemos los resortes de los procedimientos contencioso-administrativos especiales, en particular del recurso para la protección de los derechos fundamentales, así como los incidentes de naturaleza cautelar, la impugnación directa e indirecta de disposiciones administrativas de carácter general, y la reacción frente a la inactividad administrativa, especialmente en situaciones de morosidad del sector público en el cumplimiento de obligaciones contractuales.

Somos litigadores especializados en el proceso contencioso-administrativo, y aplicamos a este tipo de procesos la misma aproximación que a los demás litigios: diseño personalizado de la estrategia, selección cuidadosa de los debates, tenacidad en la defensa de los intereses del cliente, y atención constante al elemento económico de las controversias.

Recursos de casación

La participación en los recursos de casación requiere unas capacidades de técnica procesal muy específicas, tanto en la jurisdicción civil como en la contencioso-administrativa. En rēgula asumimos este tipo de encargos con la misma metodología con la que abordamos los litigios estratégicos: estudiamos a fondo la resolución recurrida, identificamos los posibles errores jurídicos relevantes y valoramos su encaje en los motivos tasados del recurso de casación. Sabemos que la casación no es una tercera instancia ni un nuevo juicio, sino un control de legalidad limitado a cuestiones jurídicas, que exige precisión argumentativa y conocimiento profundo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

En materia contencioso-administrativa, actuamos habitualmente ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en asuntos que afectan a sectores regulados, a la defensa de la competencia y a la contratación pública. Hemos interpuesto recursos de casación contra resoluciones de órganos jurisdiccionales que confirmaban (o anulaban) sanciones impuestas por la CNMC, decisiones sobre ayudas públicas, acuerdos de exclusión y adjudicación de contratos, así como sobre licencias, subvenciones y autorizaciones sectoriales, y también en materia de Derecho sancionador. Conocemos la sistemática y las exigencias del recurso, y trabajamos para construir un caso sólido desde una interpretación rigurosa de los preceptos sustantivos y procesales controvertidos, con pleno conocimiento de la doctrina interpretativa más reciente de la Sala Tercera al respecto de los requisitos exigibles para la admisión del recurso.

En la jurisdicción civil, contamos con experiencia directa en la formulación de recursos de casación en asuntos complejos, especialmente en materia de responsabilidad civil, contratos mercantiles y daños derivados de infracciones antitrust. También hemos sido contratados expresamente para asumir la defensa en fase casacional, sin haber intervenido en las instancias anteriores, lo que exige una lectura novedosa y objetiva del asunto. Este tipo de encargos pone en valor nuestra capacidad para entrar en asuntos técnicamente complejos en un momento procesal avanzado y construir desde esa posición una impugnación jurídicamente fundamentada.

Nuestro enfoque se basa siempre en una selección rigurosa de los motivos del recurso, en la delimitación clara del interés casacional objetivo y en una redacción ajustada a los estándares de la Sala. Trabajamos con la convicción de que un recurso de casación debe servir para plantear una cuestión jurídica relevante, con proyección más allá del caso concreto, y que sólo así superará el exigente filtro de admisión.

También estamos especializados en defender las sentencias que son recurridas en casación, mediante planteamientos orientados a maximizar las probabilidades de que el recurso de casación que amenaza los intereses de nuestro cliente se inadmita, o, llegado el momento, se desestime.

Redactamos siempre pensando en el lector más exigente: un magistrado del Tribunal Supremo que dispone de poco tiempo y que exige el máximo rigor, claridad y fundamentación sólida.

Los recursos de casación suelen surgir en el marco de asuntos gestionados por otras áreas del Despacho: desde procedimientos sancionadores y licitaciones públicas, hasta acciones de daños y litigación colectiva. Esta transversalidad nos permite integrar conocimientos sustantivos y procesales de distintas disciplinas, y reforzar la posición del cliente también en la última instancia. En rēgula, la casación no es un trámite accesorio: es una oportunidad para reorientar la estrategia procesal y consolidar una posición jurídica con vocación de jurisprudencia.

Recursos contractuales

La impugnación de las decisiones relativas a la preparación y adjudicación de contratos públicos, o la defensa frente a las impugnaciones que se plantean, se ha convertido desde hace años en una práctica singularizada, por la especialidad del procedimiento (el recurso especial en materia de contratación y otras reclamaciones análogas, que se caracterizan por la brevedad de los plazos y por la singularidad de las cuestiones que pueden plantearse en el proceso) y por los órganos ante los que se litiga (los tribunales de contratación), que mantienen sus propios criterios, en ocasiones divergentes entre sí, sobre los principales debates que se suscitan.

En rēgula tenemos una experiencia sólida en este tipo de procedimientos, en los que participamos desde la misma génesis del modelo de recursos contractuales a partir de la Ley de Contratos del Sector Público de 2007. Hablamos el mismo el lenguaje de los tribunales de contratación, sabemos cómo deben plantearse los debates, dominamos el proceso y estamos preparados para asistir al cliente en una instancia en la que se juega la adjudicación del contrato a su favor, con las implicaciones económicas que ello supone.

Así, asesoramos de modo permanente en este tipo de procedimientos a varias de las empresas licitadoras más importantes del país, en actividades como la construcción, los servicios medioambientales, la gestión de residuos, la gestión del ciclo integral del agua, el suministro de medicamentos, de componentes ferroviarios, y un largo etcétera.

Hemos participado en la impugnación de las decisiones adoptadas en algunos de los contratos de mayor valor estimado que se han licitado en España en los últimos tiempos, como grandes proyectos de infraestructuras y concesiones para la construcción y explotación de instalaciones destinadas a la gestión de residuos y para la prestación de servicios ciudadanos.

Igualmente, somos expertos en la impugnación jurisdiccional de las resoluciones de los tribunales de contratación, en la que se plantean cuestiones muy singulares en relación con la configuración de la relación jurídico-procesal, la revisión del criterio del tribunal administrativo, y la ejecución de las sentencias estimatorias de recursos sobre la adjudicación de contratos que ya están ejecutándose cuando el órgano judicial se pronuncia.

Sanciones

La litigación contra las resoluciones sancionadoras exige un conocimiento muy específico del marco procesal aplicable (desde el momento inicial, en el que puede optarse por el procedimiento ordinario o el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales) y de la regulación general y sectorial de la potestad administrativa sancionadora.

En rēgula tenemos este conocimiento, tanto en el plano general como en el plano sectorial. Participamos asiduamente en la defensa de los intereses de nuestros clientes ante el ejercicio de la potestad disciplinaria en materias especialmente complejas y sometidas a una regulación muy específica, como defensa de la competencia, sector eléctrico, seguros, cadena alimentaria, protección de datos, medio ambiente y aguas, entre otros. Y ello tanto en el procedimiento administrativo sancionador, incluidas sus fases previas (actuaciones previas e informaciones reservadas) y posteriores (expedientes de vigilancia e incidentes de ejecución y cumplimiento), como en el proceso contencioso-administrativo.

Intervenimos asimismo en la impugnación de sanciones administrativas en procesos ante el Tribunal Constitucional (conseguimos la admisión del primer recurso de amparo en el que se debatió sobre la aplicación de la doctrina Saquetti Iglesias al proceso contencioso-administrativo español) y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Hemos participado también en casos en los que la regulación sectorial se cruza con el proceso penal, al prestar asesoramiento especializado en materia de regulación en procedimientos penales, en fase de instrucción y en fase de enjuiciamiento, por la comisión de determinados delitos relacionados con el medio ambiente y la salud pública, así como con la contratación del sector público. Colaboramos de manera directa y eficaz con los abogados penalistas para facilitar la comprensión de los debates y preparar las estrategias defensivas más idóneas frente a la imputación de los incumplimientos regulatorios con trascendencia penal.

Acciones colectivas

La litigación colectiva ha experimentado en los últimos años un crecimiento sostenido y significativo en el entorno europeo, y España no ha sido una excepción. A este fenómeno ha contribuido la evolución de los mecanismos procesales de agregación de reclamaciones, ya sea mediante cesiones de derechos de crédito, representación voluntaria, acumulación procesal, y a través de las nuevas acciones representativas previstas en la Directiva 2020/1828. También ha influido la profesionalización de quienes operan en este terreno: despachos, entidades vehiculares, financiadores y peritos especializados. En rēgula hemos sido protagonistas de esta evolución desde sus primeras etapas, y hemos desarrollado una línea de trabajo propia en litigación colectiva, con un enfoque procesal exigente, un profundo conocimiento técnico de los mercados afectados y una experiencia destacada en la estructuración y en la ejecución de estas acciones complejas. Todo ello desde una posición que combina la experiencia en la representación de los demandantes con la defensa de las empresas demandadas.

Nuestra práctica abarca todo tipo de configuraciones posibles de litigación agregada. Asesoramos a entidades instrumentales que agrupan los créditos de múltiples reclamantes mediante cesión de derechos de crédito, así como a asociaciones y colectivos sectoriales que canalizan directa o indirectamente la acción colectiva de empresas y consumidores. También representamos a grandes compañías que se enfrentan a demandas agregadas y colectivas. Nuestro trabajo cubre todas las fases del proceso: desde el análisis preliminar de viabilidad (sustantiva, económica y procesal) hasta la ejecución forzosa de resoluciones favorables. Dirigimos la fase prejudicial impuesta por la Ley Orgánica 1/2025, redactamos demandas y contestaciones, dirigimos la proposición de prueba pericial y documental, gestionamos la audiencia previa, y, en resumen, asumimos íntegramente la dirección técnica del proceso.

Contamos con experiencia en algunos de los procedimientos de litigación colectiva más significativos tramitados en España en los últimos años, en sectores como la energía, el transporte, el farmacéutico, la distribución comercial, los medios de pago y la contratación pública. Hemos asesorado a agrupaciones de empresas que buscan obtener la devolución de sobrecostes derivados de prácticas anticompetitivas y de regulaciones anuladas, a entidades representativas que interponen acciones de cesación frente a cláusulas abusivas, y a compañías que deben defenderse frente a demandas masivas promovidas por consumidores y competidores. Este bagaje nos permite anticipar las estrategias del adversario y detectar debilidades estructurales en la configuración de las acciones colectivas que pueden ser decisivas en el resultado del litigio.

La ventaja comparativa de rēgula en esta materia reside en nuestra capacidad para combinar técnica procesal, análisis económico y conocimiento sectorial. Aplicamos a cada asunto criterios de selección rigurosos y una estrategia jurídica clara, que permite litigar con solvencia en escenarios con múltiples partes, una evidencia económica compleja y, en ocasiones, una fuerte carga mediática e impacto reputacional. Nuestra estructura boutique nos permite ofrecer un trato directo y ágil, así como una adaptación rápida a las particularidades de cada proyecto, tanto desde la perspectiva del promotor de la acción como desde la perspectiva de la empresa demandada. Somos especialmente eficaces en contextos en los que hay que diseñar la arquitectura procesal de una acción colectiva desde cero o defenderla ante objeciones de inadmisibilidad, falta de legitimación o defectos en la agregación de pretensiones.

La práctica de litigación colectiva se conecta de forma natural con otras áreas clave de nuestro Despacho. En el ámbito del Derecho de la competencia, muchas de estas acciones derivan de resoluciones sancionadoras de la CNMC y de la Comisión Europea, lo que exige un conocimiento preciso de los expedientes administrativos y del alcance de sus efectos vinculantes. Desde la vertiente regulatoria, estos procesos suelen tener por objeto impugnar o ejecutar decisiones adoptadas por organismos públicos y reguladores sectoriales. En el plano procesal, nuestro enfoque se integra con nuestra experiencia en litigación civil y contencioso-administrativa, así como en la interposición de recursos de casación en ambos foros.

En rēgula estamos preparados para asumir con solvencia proyectos de litigación colectiva de alta complejidad jurídica y económica. Conocemos los riesgos asociados a este tipo de procesos, pero también las oportunidades que ofrecen a empresas y colectivos bien asesorados.